Sinaloa Centro

Que declaraciones 3de3 no queden “en lo oscurito”, demanda Carlos Castaños

- Proponen que se incluya en la Constitución la obligatoriedad de que las declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal sean de acceso público a fin de recobrar la confianza ciudadana en las instituciones

Culiacán, Sinaloa.

Que las declaraciones 3 de 3 de los funcionarios municipales y estatales no queden “en lo oscurito”, sino que además de que sea obligatorio presentarlas también lo sea su acceso público a la ciudadanía para su total escrutinio, demandó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Castaños Valenzuela.

El legislador panista señaló que la publicación de dichos documentos permitirá recobrar la confianza en las instituciones públicas, pues dijo de poco sirve un 3de3 que se mantiene reservado o en la opacidad.

Asimismo, recordó que el pasado 7 de febrero de 2017 en Sesión Extraordinaria en el Congreso local se aprobó el dictamen que establece las bases constitucionales que permitirán operar a nivel local el Sistema Anticorrupción.

Ante ello, señaló que el siguiente paso es consignar en la Constitución la exigencia de que el 3 de 3, que incluye las declaraciones patrimonial, de conflicto de interés y fiscal, no sólo sea obligatorio sino que además sea público.

Castaños Valenzuela señaló que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional coincidió con el resto de los integrantes de las distintas fracciones parlamentarias en el sentido de que resulta impostergable definir políticas, estrategias y acciones específicas para combatir, eliminar y sancionar los actos y hechos de corrupción, tal y como nos demanda el decreto federal que establece el Sistema Nacional.

Asimismo, el legislador recordó que Acción Nacional la ha impulsado y ha luchado a nivel federal y estatal para la inclusión del 3de3 dentro de las obligaciones de los servidores públicos federales, estatales y municipales.

Finalmente, Castaños Valenzuela destacó que el PAN en el Congreso busca complementar los mecanismos de responsabilidad alineados a criterios de transparencia para alcanzar, mínimamente, el combatir los actos y hechos de corrupción, fortalecer la legitimidad de la función pública propiciando el involucramiento proactivo de los actores sociales y propiciar un mejor servicio público con mecanismos cada vez más eficientes.

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